POR INMA GISBERT
El
Sistema Nacional de Salud en España (SNS) surge con la aprobación de la Constitución
Española en 1978 en la que se reconoce por primera vez el derecho a la
protección de la salud y en 1986 se aprueba la Ley general de salud que define
como principios del SNS la universalidad en el acceso, la descentralización de
la gestión, la equidad en el acceso de los servicios, la financiación pública y
la participación social.
El
principio de universalidad hace
referencia al acceso a los servicios y prestaciones de salud de toda la
ciudadanía y esto implica uno de los cambios más significativos con respecto al
modelo anterior pasando de un modelo de aseguramiento financiado por el Sistema
de Seguridad Social en el que la persona que cotiza tiene derecho a la atención
sanitaria a uno universal en el que todas las personas tienen derecho a la
atención sanitaria. En 1997 se aprueba la Ley sobre consolidación y
racionalización del sistema de la Seguridad Social y en 1999 el SNS pasa a ser
financiado por impuestos. A pesar de ello, seguimos diciendo que hemos ido al “médico
de la seguridad social”, supongo que esto es un reflejo de la falta de
información de cómo funcionan nuestras instituciones públicas.
Posteriormente,
en el año 2000 se extendió la cobertura a la población extranjera residente en
España independientemente de su situación administrativa con la única condición
de estar empadronados. Esta situación ha cambiado recientemente con la
aprobación del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del SNS por el cual se excluyen de la atención sanitaria las
personas inmigrantes residentes en España en situación administrativa
irregular. En este Real Decreto se vincula la atención sanitaria con la
condición de asegurado quedando limitada la atención a las personas que
ostenten la condición de aseguradas, a pesar de cómo ya se dijo antes el
Sistema de Salud no se financia desde el año 1999 por la Seguridad Social.
A partir del año 1981 y cumpliendo con el segundo de los principios comienza el proceso de descentralización que quedará completado en el año 2002 por el que se transfieren las competencias en salud a las comunidades autónomas quedando conformados diecisiete sistemas regionales de salud convirtiéndose en uno de los sistemas más descentralizados del mundo, hecho que genera diferentes opiniones, desde las que apuntan a la mejora de la gestión a nivel local y la mejor adecuación de los servicios por la cercanía al usuario/a, hasta las que afirman que tener diecisiete sistemas de salud es más caro. No se dispone todavía de una evaluación que permita saber realmente, probablemente algo tenga que ver que el proceso de descentralización se realizó más por motivos políticos que técnicos.
A partir del año 1981 y cumpliendo con el segundo de los principios comienza el proceso de descentralización que quedará completado en el año 2002 por el que se transfieren las competencias en salud a las comunidades autónomas quedando conformados diecisiete sistemas regionales de salud convirtiéndose en uno de los sistemas más descentralizados del mundo, hecho que genera diferentes opiniones, desde las que apuntan a la mejora de la gestión a nivel local y la mejor adecuación de los servicios por la cercanía al usuario/a, hasta las que afirman que tener diecisiete sistemas de salud es más caro. No se dispone todavía de una evaluación que permita saber realmente, probablemente algo tenga que ver que el proceso de descentralización se realizó más por motivos políticos que técnicos.
En
el marco de este proceso se creó nuestro Servicio Valenciano de Salud en el año
1987 siendo la Comunidad Valenciana la quinta en asumir las competencias aunque
en lo que sí parece que fuimos de las primeras es en desarrollar modelos de
servicios sanitarios de financiación público-privada. En 1997 la ley de habilitación
de nuevas formas de gestión del SNS abrió la puerta a este tipo de iniciativas
y en el caso de nuestra Comunidad se inició en la comarca de La Ribera un
modelo de hospital público con gestión privada siendo el primer hospital de
este tipo que ha pasado a ser conocido como “Modelo Alzira”.
En
este hospital se adjudicó la asistencia sanitaria especializada a una Unión
temporal de empresas (UTE) constituida por la aseguradora privada Adeslas, un
grupo de cajas de ahorros y empresas constructoras durante diez años
prorrogables a otros cinco. El contrato incluía la construcción, equipamiento y
gestión del hospital. Este modelo comenzó a funcionar el 1 de enero de 1999 y se
financiaba por un modelo capitativo (se paga una cantidad por habitante censado
en el área de atención del hospital) aunque se le dio la posibilidad de atender
a personas de fuera del área de atención y facturar a la Generalitat Valenciana
por procesos atendidos.
En
solo cuatro años los malos resultados financieros acumulados, 5,24 millones de
euros de pérdidas, unidos a problemas en el diseño del contrato motivaron la
renuncia por parte de la UTE y la indemnización por parte de la Generalitat
Valenciana por “lucro cesante”, es decir, por lo que deja de ganar por el
incumplimiento del contrato pero, ¿quién
incumplió el contrato?
Se
podría pensar que con este resultado se acabó el modelo, pues no, se volvió a
sacar a convocatoria pública y se adjudicó a la misma UTE, Ribera Salud, con mejores
condiciones financieras para la empresa, una ampliación del periodo de contrato
(15 años prorrogables a 5) y la inclusión de la Atención Primaria en la
concesión lo que lo convertía en el negocio perfecto ya que al gestionar la
atención primaria tienen el control de la demanda de personas que son derivadas
al hospital.
El
“Modelo Alzira" ha inspirado a otros hospitales en otras Comunidades
Autónomas, principalmente en la Comunidad Valenciana (un 20% de la población
valenciana recibe atención en este tipo de hospitales), en la Comunidad de
Madrid y recientemente en Castilla La Mancha. El argumento principal es la mayor eficiencia de la
gestión privada que, en un contexto de crisis económica como la actual parece
muy “vendible” aunque debería ser difícil vender un modelo que tuvo que ser
“rescatado”, pero claro, si rescatamos a los bancos cómo no vamos a rescatar a
un hospital, pero que no se entere nadie.
Tan
popular se hizo el “Modelo Alzira” que logró poner a “Valencia en el mapa”,
como quiere nuestra alcaldesa, y un equipo del Sistema de Salud del Reino Unido
lo visitó en marzo de 2011 para valorar su aplicación en aquel país. El equipo
valoró positivamente los resultados comparándolos con otros hospitales de la
Comunidad, aunque sin tener en cuenta que el Hospital de Alzira no brinda todos
los servicios y deriva a pacientes a otros hospitales, pero concluía que el
modelo era difícilmente exportable al Reino Unido, entre otras cosas por la
excesiva flexibilidad en la negociación de las condiciones del contrato entre
la autoridad sanitaria y los proveedores y su “excesiva cercanía” que podría
reducir la efectividad de la vigilancia que deberían realizar, dicho en otras
palabras, se veía claramente una falta de transparencia tanto en la
adjudicación como en el control por parte de la Generalitat Valenciana.
El
tercer principio es la equidad que implica
el acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva así
como la orientación de la política de salud a la superación desigualdades territoriales
y sociales. El Sistema incorpora mecanismos para garantizar la equidad y la
calidad de los servicios sanitarios como es el Consejo Interterritorial o el
Fondo de Cohesión Sanitaria, aunque en los últimos años se han ido observando
diferencias tanto en las prestaciones sanitarias entre regiones como en el
gasto sanitario por habitante siendo la Comunidad Valenciana la que menos
invierte en salud según un estudio de la Federación de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) de este año. Este análisis muestra que
hay más de 500 euros de diferencia per cápita entre la Comunidad que más
destina que es el País Vasco con 1.551,7€ y la Comunidad Valenciana con 965,4€.
Otro estudio reciente elaborado por UGT que analiza el sistema valenciano
muestra que la puesta en marcha de modelos de gestión privada ha aumentado la
precariedad laboral del personal sanitario, ha producido más demoras en las
citas con especialistas y en las pruebas diagnósticas y, lo más grave de todo,
2.750 personas fallecen al año por razones exclusivamente imputables a las
deficiencias del servicio público de salud de la Generalitat Valenciana. Estos
datos muestran cómo las políticas puestas en marcha en nuestra Comunidad han
acabado con el principio de equidad.
La
Ley General de Sanidad orienta el gasto sanitario mediante financiación pública a la corrección de desigualdades sanitarias
que garanticen el acceso y la equidad en todo el Estado Español, como ya hemos
visto, la desigual inversión en salud y la aplicación de modelos gestionados
por empresas lucrativas que como son financiadas por un modelo capitativo su
principal objetivo es que los y las pacientes no “consuman” servicios hacen que
las desigualdades en salud aumenten.
El
SNS preveía la creación de espacios para la participación
social en la gestión de la salud como los Consejos de Salud de Área, pero se
desconoce si se ha logrado su formación de manera generalizada. Ante esta falta
de participación ciudadana en la gestión de la salud y dado el contexto actual
de crisis económica y de recortes sociales, la participación o “reacción
ciudadana” ha aumentado en el último año como respuesta a los cambios que se
están dando en el SNS. Uno de los detonantes ha sido la aprobación del Real
Decreto 16/2012 que excluye de la atención sanitaria a las personas inmigrantes
residentes en España en situación administrativa irregular, que ha provocado el
desarrollo de iniciativas a nivel estatal y en el caso concreto de la Comunidad
Valenciana, de Objeción de conciencia por parte de algunos/as profesionales
para la no aplicación del Real decreto y seguir atendiendo pacientes, la
creación del Observatorio del Derecho a la Salud de la Comunidad Valenciana (http://odusalud.blogspot.com/) que
realiza un informe trimestral sobre los casos en los que se vulnera el derecho
a la salud y la campaña de la ONGD Médicos del Mundo “El derecho a curar” (http://www.medicosdelmundo.org/derechoacurar/)
entre otras que realiza un seguimiento de la aplicación del Real Decreto a la
vez que denuncia los casos que no son atendidos y sensibiliza a la población
sobre esta situación.
Ha
costado más de 30 años en construir el SNS , el nuestro, el valenciano, es un
poco más joven pero no por ello más sano, las políticas que se han llevado a
cabo han abierto claramente la puerta a la sanidad privada. Uno de los
argumentos de la descentralización es que los servicios estén más cerca de la
ciudadanía, pues estemos también nosotras y nosotros más cerca de nuestro
sistema, informándonos y participando a ver si conseguimos cuidarlo porque el
pronóstico no es muy bueno.
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